A 11 años de la primera movilización de Ni Una Menos, el femicidio de Agostina Vega, de 14 años, en Córdoba vuelve a poner en evidencia la persistencia de las violencias por motivos de género y las consecuencias de respuestas institucionales insuficientes. En un contexto de cuestionamiento a las políticas de género y desmantelamiento de herramientas de prevención y acompañamiento, resulta urgente reafirmar el compromiso con la defensa de los derechos conquistados. Desde la Universidad Nacional de las Artes invitamos a la comunidad universitaria a sumarse a la movilización de Ni Una Menos este 3 de junio a las 17 h en Plaza Congreso y en todo el país.
El 3 de junio de 2015, cientos de miles de personas se movilizaron en todo el país bajo la consigna "Ni Una Menos", transformando para siempre la manera de nombrar, comprender y enfrentar las violencias por motivos de género.
A once años de aquella primera movilización, la consigna mantiene una vigencia dolorosa. Hace apenas unos días, el país volvió a conmoverse ante el femicidio de Agostina Vega, una adolescente de 14 años en la provincia de Córdoba. El caso expuso una vez más las consecuencias de las demoras institucionales, las fallas en los mecanismos de protección y búsqueda, y la persistencia de violencias que siguen poniendo en riesgo la vida de niñas, adolescentes, mujeres y diversidades.
Frente a estos hechos, resulta indispensable rechazar los discursos que relativizan la gravedad de las violencias por motivos de género o cuestionan las herramientas conquistadas para prevenirlas y abordarlas. Lejos de constituir privilegios, las políticas de género, los dispositivos de atención, las capacitaciones Ley Micaela, la Educación Sexual Integral y los marcos normativos específicos son respuestas que los movimientos feministas disputaron y construyeron colectivamente frente a desigualdades y violencias que continúan siendo una realidad cotidiana.
En este contexto, el avance de iniciativas y discursos centrados en las denominadas "falsas denuncias" resulta cínico y alarmante. Mientras distintos sectores impulsan proyectos para endurecer sanciones ya contempladas en la legislación vigente, organizaciones feministas y de derechos humanos advierten sobre el efecto amedrentador que estas propuestas pueden generar sobre quienes atraviesan situaciones de violencia. Como señalan distintos colectivos, el problema no son las falsas denuncias: el problema es que todavía faltan denuncias, porque persisten el miedo, la revictimización, la desconfianza institucional y los obstáculos para acceder a mecanismos efectivos de protección y justicia. Además, las estadísticas lo demuestran: menos del 3% son denuncias falsas, principalmente vinculadas a delitos económicos1.
El femicidio no es una categoría que establezca que una vida vale más que otra. Nombra una forma específica de violencia extrema que se inscribe en relaciones históricas y estructurales de desigualdad y dominación de género. Su reconocimiento permite visibilizar y sancionar patrones sociales, culturales e institucionales que de otro modo quedarían ocultos y que siguen condicionando la vida, la libertad y la seguridad de millones de personas. Cuando nuestrxs representantes políticxs abonan al cuestionamiento de estas nociones, contribuyen activamente a la impunidad de este tipo de delitos.
También resulta necesario cuestionar las narrativas que, una vez más, desplazan la responsabilidad hacia las víctimas. Cuando una niña es asesinada, las preguntas no deberían dirigirse a sus decisiones, sus recorridos o sus conductas, sino a las condiciones sociales que permiten que agresores, abusadores y violentos ejerzan poder sobre otras personas y encuentren múltiples formas de impunidad y legitimación.
El femicidio de esta adolescente también vuelve a poner en discusión las responsabilidades institucionales frente a las violencias de género. Más allá de la eventual condena del principal acusado, el reclamo de justicia no puede agotarse en la sanción individual de un agresor. Interpela también a los organismos encargados de recibir denuncias, activar mecanismos de protección, investigar con celeridad y garantizar respuestas oportunas frente a situaciones de riesgo.
La conmoción social generada por este caso expone una pregunta que atraviesa desde hace años al movimiento Ni Una Menos: ¿cuántas violencias podrían evitarse si las denuncias fueran escuchadas a tiempo, si las alertas se activaran sin demoras y si existiera la voluntad política sostenida de fortalecer las herramientas de prevención, atención y acompañamiento?
A once años del primer Ni Una Menos, el desafío sigue siendo el mismo: construir instituciones capaces de prevenir las violencias antes de que sea demasiado tarde. Tal como alertó la Red Interuniversitaria por la Igualdad de Género y contra las Violencias (RUGE-CIN), denunciar no garantiza protección, sino que muchas veces implica revictimización y desamparo. Es necesario efectivizar una reforma judicial con perspectiva de género que reduzca las barreras de acceso a la justicia. Frente al desmantelamiento de políticas públicas, la deslegitimación de las herramientas de prevención y acompañamiento, y el avance de discursos que buscan responsabilizar a las víctimas en lugar de a los agresores, defender los derechos conquistados es una necesidad urgente del presente.
Desde la Universidad Nacional de las Artes, la Secretaría de Igualdad, Derechos y Diversidad, los gremios docentes y nodocentes y las agrupaciones estudiantiles de nuestra universidad convocamos a toda la comunidad a sumarse a una nueva movilización junto al colectivo Ni Una Menos este miércoles 3 de junio a las 17 h en Plaza Congreso (CABA) y en todo el país. Justicia por Agostina, justicia por todas y todxs.
Si atravesaste una situación de acoso, discriminación o violencia por motivos sexogenéricos dentro de la Universidad, o tenés alguna duda en relación a una situación de estas características, podés comunicarte con el Equipo de Atención del Protocolo de la UNA (Ord. UNA N.º 0027/19): atencion.genero@una.edu.ar
1 Fuente: Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (9 de abril del 2026). Consideraciones sobre el Proyecto de Ley S-0228/2025 que propone la reforma del Código Penal (artículos 245, 275 y 277). https://ela.org.ar/novedades/denuncias-falsas-un-proyecto-sin-evidencias/
Secretaría de Igualdad, Derechos y Diversidad UNA
rectorado.igualdad@una.edu.ar
A once años de aquella primera movilización, la consigna mantiene una vigencia dolorosa. Hace apenas unos días, el país volvió a conmoverse ante el femicidio de Agostina Vega, una adolescente de 14 años en la provincia de Córdoba. El caso expuso una vez más las consecuencias de las demoras institucionales, las fallas en los mecanismos de protección y búsqueda, y la persistencia de violencias que siguen poniendo en riesgo la vida de niñas, adolescentes, mujeres y diversidades.
Frente a estos hechos, resulta indispensable rechazar los discursos que relativizan la gravedad de las violencias por motivos de género o cuestionan las herramientas conquistadas para prevenirlas y abordarlas. Lejos de constituir privilegios, las políticas de género, los dispositivos de atención, las capacitaciones Ley Micaela, la Educación Sexual Integral y los marcos normativos específicos son respuestas que los movimientos feministas disputaron y construyeron colectivamente frente a desigualdades y violencias que continúan siendo una realidad cotidiana.
En este contexto, el avance de iniciativas y discursos centrados en las denominadas "falsas denuncias" resulta cínico y alarmante. Mientras distintos sectores impulsan proyectos para endurecer sanciones ya contempladas en la legislación vigente, organizaciones feministas y de derechos humanos advierten sobre el efecto amedrentador que estas propuestas pueden generar sobre quienes atraviesan situaciones de violencia. Como señalan distintos colectivos, el problema no son las falsas denuncias: el problema es que todavía faltan denuncias, porque persisten el miedo, la revictimización, la desconfianza institucional y los obstáculos para acceder a mecanismos efectivos de protección y justicia. Además, las estadísticas lo demuestran: menos del 3% son denuncias falsas, principalmente vinculadas a delitos económicos1.
El femicidio no es una categoría que establezca que una vida vale más que otra. Nombra una forma específica de violencia extrema que se inscribe en relaciones históricas y estructurales de desigualdad y dominación de género. Su reconocimiento permite visibilizar y sancionar patrones sociales, culturales e institucionales que de otro modo quedarían ocultos y que siguen condicionando la vida, la libertad y la seguridad de millones de personas. Cuando nuestrxs representantes políticxs abonan al cuestionamiento de estas nociones, contribuyen activamente a la impunidad de este tipo de delitos.
También resulta necesario cuestionar las narrativas que, una vez más, desplazan la responsabilidad hacia las víctimas. Cuando una niña es asesinada, las preguntas no deberían dirigirse a sus decisiones, sus recorridos o sus conductas, sino a las condiciones sociales que permiten que agresores, abusadores y violentos ejerzan poder sobre otras personas y encuentren múltiples formas de impunidad y legitimación.
El femicidio de esta adolescente también vuelve a poner en discusión las responsabilidades institucionales frente a las violencias de género. Más allá de la eventual condena del principal acusado, el reclamo de justicia no puede agotarse en la sanción individual de un agresor. Interpela también a los organismos encargados de recibir denuncias, activar mecanismos de protección, investigar con celeridad y garantizar respuestas oportunas frente a situaciones de riesgo.
La conmoción social generada por este caso expone una pregunta que atraviesa desde hace años al movimiento Ni Una Menos: ¿cuántas violencias podrían evitarse si las denuncias fueran escuchadas a tiempo, si las alertas se activaran sin demoras y si existiera la voluntad política sostenida de fortalecer las herramientas de prevención, atención y acompañamiento?
A once años del primer Ni Una Menos, el desafío sigue siendo el mismo: construir instituciones capaces de prevenir las violencias antes de que sea demasiado tarde. Tal como alertó la Red Interuniversitaria por la Igualdad de Género y contra las Violencias (RUGE-CIN), denunciar no garantiza protección, sino que muchas veces implica revictimización y desamparo. Es necesario efectivizar una reforma judicial con perspectiva de género que reduzca las barreras de acceso a la justicia. Frente al desmantelamiento de políticas públicas, la deslegitimación de las herramientas de prevención y acompañamiento, y el avance de discursos que buscan responsabilizar a las víctimas en lugar de a los agresores, defender los derechos conquistados es una necesidad urgente del presente.
Desde la Universidad Nacional de las Artes, la Secretaría de Igualdad, Derechos y Diversidad, los gremios docentes y nodocentes y las agrupaciones estudiantiles de nuestra universidad convocamos a toda la comunidad a sumarse a una nueva movilización junto al colectivo Ni Una Menos este miércoles 3 de junio a las 17 h en Plaza Congreso (CABA) y en todo el país. Justicia por Agostina, justicia por todas y todxs.
Si atravesaste una situación de acoso, discriminación o violencia por motivos sexogenéricos dentro de la Universidad, o tenés alguna duda en relación a una situación de estas características, podés comunicarte con el Equipo de Atención del Protocolo de la UNA (Ord. UNA N.º 0027/19): atencion.genero@una.edu.ar
1 Fuente: Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (9 de abril del 2026). Consideraciones sobre el Proyecto de Ley S-0228/2025 que propone la reforma del Código Penal (artículos 245, 275 y 277). https://ela.org.ar/novedades/denuncias-falsas-un-proyecto-sin-evidencias/
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