El Gobierno Nacional deberá cumplir con los artículos 5 y 6 de la Ley de Financiamiento Universitario, al quedar firme la medida cautelar dispuesta por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal. Así lo resolvió la Corte Suprema, al desestimar el pedido de excusación y el recurso extraordinario interpuestos por el Estado Nacional, en un intento más para evitar cumplir la ley.

La resolución del máximo tribunal fue firmada por los jueces Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz, quienes dejaron vigente la cautelar que ordena la actualización de los salarios de docentes y nodocentes de las universidades públicas por el período comprendido entre el 1º de diciembre de 2023 y la sanción de la Ley 27.795; la convocatoria a negociación paritaria con una periodicidad que no podrá exceder los tres meses calendario; y la recomposición y actualización automática de los programas de becas estudiantiles, entre ellos Progresar, Carreras Estratégicas Manuel Belgrano y Enfermería.

La medida cautelar había sido dispuesta hasta tanto se dicte sentencia sobre la cuestión de fondo, al considerar la Justicia que el incumplimiento podría provocar perjuicios graves, un deterioro salarial sostenido y una afectación del derecho de enseñar y aprender. Ese debate seguirá abierto en torno a la validez constitucional del Decreto 759/2025, mediante el cual el Poder Ejecutivo promulgó la Ley de Financiamiento Universitario, pero condicionó su ejecución a que el Congreso determinara las fuentes de financiamiento e incluyera las partidas correspondientes en el presupuesto nacional.