El Consejo Superior de la Universidad Nacional de las Artes, en su sesión del jueves 18 de diciembre, emitió una declaración en la que ratifica la importancia de defender los derechos laborales, la cultura y la educación pública. En ese marco, adhiere y convoca a la movilización a Plaza de Mayo, que se realizará a partir del mediodía de ese mismo día.
El martes 16 de diciembre, la rectora Sandra Torlucci recibió a representantes de los claustros docente, nodocente, estudiantil y de graduades, y a asociaciones del sector cultural, para conversar sobre el proyecto de reforma laboral impulsado por el Poder Ejecutivo nacional. Allí se acordó abordar el tema en la sesión del Consejo Superior, que resolvió por amplia mayoría apoyar la convocatoria a la movilización para sostener las demandas mencionadas.
En paralelo, durante la sesión maratónica de la Cámara de Diputados que se extendió hasta la madrugada del 18 de diciembre, 123 legisladores votaron en contra del capítulo XI del proyecto de Presupuesto 2026, que pretendía -una vez más- derogar la Ley de Financiamiento Universitario y la Ley de Emergencia en Discapacidad. Si bien logró la media sanción, este rechazo constituye un antecedente relevante.
En los últimos días, el Ejecutivo nacional presentó un proyecto de Reforma Laboral que, de aprobarse, implicaría un grave retroceso en las protecciones que históricamente resguardan a les trabajadores. La iniciativa impulsa cambios que debilitan garantías laborales, erosionan a las organizaciones que las defienden y habilitan mecanismos que benefician a sectores concentrados -entre ellos, a entidades financieras que pasarían a administrar el fondo de desempleo-. Asimismo, afectará el Sistema de Seguridad Social que sostiene a las jubilaciones y la cobertura de salud del sector. Por último, tal como lo reconocen quienes diseñaron la norma, no crearía puestos genuinos.
Su articulado desconoce el marco normativo que la Argentina debe respetar: los tratados internacionales suscriptos por el país y el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, que obligan a que toda legislación preserve los derechos de quienes trabajan y el equilibrio necesario para evitar su vulneración. Al pretender equiparar formalmente a la parte trabajadora con la empleadora, ignora la desigualdad real de poder en esa relación. Por eso, lo que presenta como “modernización” se traduce, en los hechos, en precarización.
Estudios recientes advierten que, en los últimos dos años, el proceso de destrucción del trabajo genuino alcanzó a más de 400.000 empleos, y que 9 de cada 10 personas que vuelven a la actividad laboral lo hacen en el sector informal, es decir, sin derechos y con mayor incertidumbre. Al mismo tiempo, se expande un fenómeno alarmante: cada vez más trabajadores y trabajadoras son pobres -aún con más de un empleo- y deben endeudarse para llegar a fin de mes. Por eso, hoy más que nunca, resulta imprescindible defender las garantías laborales.
Este escenario se agrava por el desfinanciamiento y el ataque sostenido a la educación pública, el sistema científico y tecnológico, y las políticas culturales. Recortar recursos en ciencia y cultura es recortar investigación, producción artística, becas, programas de fomento y, en definitiva, futuro. La educación, la ciencia y la cultura no son un gasto: son condiciones de posibilidad para el desarrollo de un país y su soberanía.
Por todo lo expuesto, la comunidad universitaria de la UNA convoca este jueves 18 de diciembre a movilizar a Plaza de Mayo en defensa de los derechos laborales, la cultura y la educación pública.
Más información
Resolución CS N° 199/25 (descargar)
En paralelo, durante la sesión maratónica de la Cámara de Diputados que se extendió hasta la madrugada del 18 de diciembre, 123 legisladores votaron en contra del capítulo XI del proyecto de Presupuesto 2026, que pretendía -una vez más- derogar la Ley de Financiamiento Universitario y la Ley de Emergencia en Discapacidad. Si bien logró la media sanción, este rechazo constituye un antecedente relevante.
En los últimos días, el Ejecutivo nacional presentó un proyecto de Reforma Laboral que, de aprobarse, implicaría un grave retroceso en las protecciones que históricamente resguardan a les trabajadores. La iniciativa impulsa cambios que debilitan garantías laborales, erosionan a las organizaciones que las defienden y habilitan mecanismos que benefician a sectores concentrados -entre ellos, a entidades financieras que pasarían a administrar el fondo de desempleo-. Asimismo, afectará el Sistema de Seguridad Social que sostiene a las jubilaciones y la cobertura de salud del sector. Por último, tal como lo reconocen quienes diseñaron la norma, no crearía puestos genuinos.
Su articulado desconoce el marco normativo que la Argentina debe respetar: los tratados internacionales suscriptos por el país y el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, que obligan a que toda legislación preserve los derechos de quienes trabajan y el equilibrio necesario para evitar su vulneración. Al pretender equiparar formalmente a la parte trabajadora con la empleadora, ignora la desigualdad real de poder en esa relación. Por eso, lo que presenta como “modernización” se traduce, en los hechos, en precarización.
Estudios recientes advierten que, en los últimos dos años, el proceso de destrucción del trabajo genuino alcanzó a más de 400.000 empleos, y que 9 de cada 10 personas que vuelven a la actividad laboral lo hacen en el sector informal, es decir, sin derechos y con mayor incertidumbre. Al mismo tiempo, se expande un fenómeno alarmante: cada vez más trabajadores y trabajadoras son pobres -aún con más de un empleo- y deben endeudarse para llegar a fin de mes. Por eso, hoy más que nunca, resulta imprescindible defender las garantías laborales.
Este escenario se agrava por el desfinanciamiento y el ataque sostenido a la educación pública, el sistema científico y tecnológico, y las políticas culturales. Recortar recursos en ciencia y cultura es recortar investigación, producción artística, becas, programas de fomento y, en definitiva, futuro. La educación, la ciencia y la cultura no son un gasto: son condiciones de posibilidad para el desarrollo de un país y su soberanía.
Por todo lo expuesto, la comunidad universitaria de la UNA convoca este jueves 18 de diciembre a movilizar a Plaza de Mayo en defensa de los derechos laborales, la cultura y la educación pública.
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