El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), reunido en un plenario extraordinario de rectoras y rectores que se realizó en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, acordó, por unanimidad, que las universidades nacionales públicas exigirán ante la justicia el cumplimiento de la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente.
Tras la decisión del Ejecutivo Nacional de promulgar, pero no aplicar la Ley N° 27795, las autoridades de universidades nacionales se reunieron en plenario extraordinario y tomaron la decisión de exigir el cumplimiento de la misma, ante la Justicia.
La Ley de Financiamiento Universitario había sido insistida en ambas cámaras y apoyada por la ciudadanía a través de multitudinarias marchas y acciones de visibilización concretas. Sin embargo, el PEN, suspendió su aplicación y pidió al Poder Legislativo que determine la fuente de financiamiento para tal fin.
En el plenario extraordinario de rectoras y rectores, Oscar Alpa, presidente del CIN y rector de la Universidad Nacional de La Pampa remarcó la importancia de que la totalidad de las instituciones que conforman el Consejo tomen posición política y exijan el cumplimiento de la ley y el cumplimiento del sistema republicano.
Por su parte, Leandro Vergara, decano de la Facultad de Derecho de la UBA y anfitrión del plenario, advirtió que “un decreto no puede suspender una ley, con lo cual hay una obligación expresa que el Poder Ejecutivo debe cumplir”.
Al respecto también se pronunció Franco Bartolacci, vicepresidente del CIN y rector de la Universidad Nacional de Rosario: “Es grave para la institucionalidad democrática del país que se naturalice el incumplimiento de la ley, más aún en referencia a leyes con amplia legitimidad social, institucional y política”.
Las autoridades de todas las universidades nacionales públicas, también resolvieron elevar una solicitud al Congreso Nacional para que se apruebe el presupuesto 2026 y que se contemplen, como base presupuestaria, los recursos previstos por la Ley de Financiamiento Universitario.
La Ley de Financiamiento Universitario había sido insistida en ambas cámaras y apoyada por la ciudadanía a través de multitudinarias marchas y acciones de visibilización concretas. Sin embargo, el PEN, suspendió su aplicación y pidió al Poder Legislativo que determine la fuente de financiamiento para tal fin.
En el plenario extraordinario de rectoras y rectores, Oscar Alpa, presidente del CIN y rector de la Universidad Nacional de La Pampa remarcó la importancia de que la totalidad de las instituciones que conforman el Consejo tomen posición política y exijan el cumplimiento de la ley y el cumplimiento del sistema republicano.
Por su parte, Leandro Vergara, decano de la Facultad de Derecho de la UBA y anfitrión del plenario, advirtió que “un decreto no puede suspender una ley, con lo cual hay una obligación expresa que el Poder Ejecutivo debe cumplir”.
Al respecto también se pronunció Franco Bartolacci, vicepresidente del CIN y rector de la Universidad Nacional de Rosario: “Es grave para la institucionalidad democrática del país que se naturalice el incumplimiento de la ley, más aún en referencia a leyes con amplia legitimidad social, institucional y política”.
Las autoridades de todas las universidades nacionales públicas, también resolvieron elevar una solicitud al Congreso Nacional para que se apruebe el presupuesto 2026 y que se contemplen, como base presupuestaria, los recursos previstos por la Ley de Financiamiento Universitario.