El próximo 12 de octubre, Milagro Sala cumplirá mil días en prisión tras la detención arbitraria comandada por el gobernador de Jujuy Gerardo Morales con el apoyo del gobierno nacional, en un claro caso de violación de los derechos humanos.
Para contextualizar la ilegítima detención de Milagro, resulta imprescindible recordar que la Alianza Cambiemos llegó al poder anunciando la recuperación de las instituciones, el federalismo y, por sobre todas las cosas, la república, cuyas esencias denunciaban como perdidas durante los años kirchneristas. Al poco tiempo, mostraría su verdadera y única cara: disciplinar a los sectores sociales que durante los últimos años habían ampliado sus derechos y mejoraron considerablemente su situación socioeconómica en el marco de un modelo de redistribución de la riqueza. Esa voluntad de disciplinar fue demostrada la noche del miércoles 20 de enero de 2016, cuando Milagro Sala fue trasladada a una cárcel de mujeres a pesar de estar imputada por delitos excarcelables.
En ese contexto es que se debe entender la privación de la libertad de Milagro Sala como un atropello a los derechos humanos, consagrados ampliamente en los diferentes pactos internacionales que integran nuestra constitución y que constituyeron el andamiaje jurídico sobre el cual los organismos internacionales pidieron por la inmediata libertad de Milagro Sala.
En ese contexto es que se debe entender la privación de la libertad de Milagro Sala como un atropello a los derechos humanos, consagrados ampliamente en los diferentes pactos internacionales que integran nuestra constitución y que constituyeron el andamiaje jurídico sobre el cual los organismos internacionales pidieron por la inmediata libertad de Milagro Sala.