Hoy 10 de diciembre se conmemora el Día de la Democracia y los Derechos Humanos, una fecha clave para reflexionar sobre los avances y desafíos en materia de garantías individuales y colectivas. En este contexto, el derecho a la educación pública emerge como uno de los pilares fundamentales sobre los cuales se construyen sociedades justas e igualitarias.
La educación, lejos de ser un privilegio, es un derecho inalienable reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Este derecho no se limita a la alfabetización básica, sino que abarca la oportunidad de acceder a una educación de calidad en todos los niveles, que permita a cada individuo desarrollar plenamente sus capacidades y contribuir al progreso de su comunidad.
La educación pública, en particular, desempeña un papel crucial en la promoción de la igualdad de oportunidades. Al garantizar el acceso a la educación para todas las personas, sin distinción de origen social, económico o cultural, se contribuye a reducir las desigualdades y a construir sociedades más justas y con mayor bienestar. Además, la educación pública fomenta valores como la solidaridad, la tolerancia y el respeto a la diversidad, esenciales para la convivencia democrática.
Sin embargo, a pesar de los avances logrados, hoy el sistema universitario nacional en su conjunto, está siendo vulnerado y desfinanciado, desconociendo leyes, declaraciones nacionales e internacionales al respecto. Es necesario recuperar la función democratizadora, igualadora y transformadora de la educación pública, la responsabilidad del Estado en su financiamiento y el compromiso social en su defensa.
En este Día de los Derechos Humanos, es fundamental reafirmar el compromiso con la educación pública como un bien común y un motor de desarrollo. Los gobiernos, la sociedad civil y las instituciones educativas deben trabajar de manera conjunta para garantizar que todas las personas, sin excepción, tengan acceso a una educación de calidad que les permita alcanzar su máximo potencial.
La educación pública, en particular, desempeña un papel crucial en la promoción de la igualdad de oportunidades. Al garantizar el acceso a la educación para todas las personas, sin distinción de origen social, económico o cultural, se contribuye a reducir las desigualdades y a construir sociedades más justas y con mayor bienestar. Además, la educación pública fomenta valores como la solidaridad, la tolerancia y el respeto a la diversidad, esenciales para la convivencia democrática.
Sin embargo, a pesar de los avances logrados, hoy el sistema universitario nacional en su conjunto, está siendo vulnerado y desfinanciado, desconociendo leyes, declaraciones nacionales e internacionales al respecto. Es necesario recuperar la función democratizadora, igualadora y transformadora de la educación pública, la responsabilidad del Estado en su financiamiento y el compromiso social en su defensa.
En este Día de los Derechos Humanos, es fundamental reafirmar el compromiso con la educación pública como un bien común y un motor de desarrollo. Los gobiernos, la sociedad civil y las instituciones educativas deben trabajar de manera conjunta para garantizar que todas las personas, sin excepción, tengan acceso a una educación de calidad que les permita alcanzar su máximo potencial.