En una nueva conmemoración del Día Internacional contra la Discriminación por Orientación Sexual e Identidad de Género, la Universidad Nacional de las Artes comparte algunos datos y reflexiones acerca del sistema educativo en general y del universitario en particular en relación a la población LGBT+.
El 17 de mayo de 1990, la Asamblea General de la Organización Mundial de la Salud (OMS) eliminó la homosexualidad del listado de dolencias psiquiátricas. Es por esto que en 2004 se determinó esta fecha como el “Día Internacional contra la Discriminación por Orientación Sexual e Identidad de Género”. En la actualidad, también referida como “contra la Homofobia, Lesbofobia, Bifobia y Transfobia”. De hecho, no fue hasta el 18 de junio de 2018 que la OMS excluyó la transexualidad de su lista de trastornos mentales.
La conmemoración de este día tiene por objetivo visibilizar y concientizar sobre las situaciones de discriminación y violencias que padecen las personas del colectivo LGBT+, y exigir políticas públicas que promuevan la diversidad e igualdad para toda la ciudadanía.
En relación a la discriminación en el ámbito universitario nacional, cerca del 30% de estudiantes, docentes y trabajadoras/es declara haber vivido en persona descalificaciones, burlas y desvalorizaciones en relación a su cuerpo, género, orientación sexual o expresión de género; y más del 60% ha escuchado dentro de la universidad comentarios sexistas o discriminatorios sobre las características, conductas o capacidades de mujeres, varones y otras identidades. (RUGE, 2021).
El derecho de igualdad ante la ley y el principio de no discriminación se encuentran previstos en diversos instrumentos internacionales que en Argentina poseen jerarquía constitucional, además de las propias legislaciones nacionales, como lo es la Ley de Actos Discriminatorios Nº 23.592 que la define principalmente como forma arbitraria que restrinja de algún modo o menoscabe el pleno ejercicio sobre bases igualitarias de los derechos y garantías fundamentales reconocidos en la Constitución Nacional.
Por su parte, la sanción de la Ley de Matrimonio Igualitario (2010) y Ley de Identidad de Género (2012) tuvieron un rol fundamental en la visibilización y despatologización de estas identidades, marcando un cambio en las tendencias de discriminación, violencias e inclusión de la población LGBT+ en los distintos ámbitos sociales y en el sistema educativo en particular. De hecho, el 14 de abril del corriente año se celebra la incorporación de la variable de identidad de géneros y diversidad en los diferentes módulos del Sistema de Información Universitaria (SIU) del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), en cumplimiento de la LIG.
Desde la creación de la RUGE en 2015 y su institucionalización al CIN en 2018, con la Coordinación de la Rectora de la UNA, Sandra Torlucci, el sistema universitario argentino se ha transformado y el movimiento feminista se ha permeado en las instituciones universitarias formando parte de sus agendas.
A pesar de que aún son evidentes grandes dificultades en el acceso y trayectorias libres de estigmas, discriminaciones y violencias para el colectivo LGBT+ en la educación (y otras esferas de la vida), podemos rescatar que, a diferencia de otras décadas, se evidencia que el movimiento feminista y activismos LGBT+ se encuentra participando y fortaleciendo la democratización de los espacios universitarios, haciéndolos más inclusivos y diversos.
De esta forma inciden ya no solo en la proliferación de líneas de investigación e injerencia en la currícula y la resolución de casos de acoso, discriminación y violencias por motivos de género, orientación sexual y expresión de los mismos, sino, y lo novedoso, en la interpelación para la transformación de la cultura androcéntrica y cisheteronormada universitaria.
La creación de secretarías y programas que atienden los casos de discriminación y violencia sexista y LGBT+odiante, a la vez del diseño e implementación de propuestas curriculares diversas e inclusivas, son un claro indicador de una práctica de intervención y formación que no solo apunta al plano de la representación simbólica, sino, fundamentalmente, a la transformación de las prácticas sociales dentro de las instituciones educativas.
La conmemoración de este día tiene por objetivo visibilizar y concientizar sobre las situaciones de discriminación y violencias que padecen las personas del colectivo LGBT+, y exigir políticas públicas que promuevan la diversidad e igualdad para toda la ciudadanía.
En relación a la discriminación en el ámbito universitario nacional, cerca del 30% de estudiantes, docentes y trabajadoras/es declara haber vivido en persona descalificaciones, burlas y desvalorizaciones en relación a su cuerpo, género, orientación sexual o expresión de género; y más del 60% ha escuchado dentro de la universidad comentarios sexistas o discriminatorios sobre las características, conductas o capacidades de mujeres, varones y otras identidades. (RUGE, 2021).
El derecho de igualdad ante la ley y el principio de no discriminación se encuentran previstos en diversos instrumentos internacionales que en Argentina poseen jerarquía constitucional, además de las propias legislaciones nacionales, como lo es la Ley de Actos Discriminatorios Nº 23.592 que la define principalmente como forma arbitraria que restrinja de algún modo o menoscabe el pleno ejercicio sobre bases igualitarias de los derechos y garantías fundamentales reconocidos en la Constitución Nacional.
Por su parte, la sanción de la Ley de Matrimonio Igualitario (2010) y Ley de Identidad de Género (2012) tuvieron un rol fundamental en la visibilización y despatologización de estas identidades, marcando un cambio en las tendencias de discriminación, violencias e inclusión de la población LGBT+ en los distintos ámbitos sociales y en el sistema educativo en particular. De hecho, el 14 de abril del corriente año se celebra la incorporación de la variable de identidad de géneros y diversidad en los diferentes módulos del Sistema de Información Universitaria (SIU) del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), en cumplimiento de la LIG.
Desde la creación de la RUGE en 2015 y su institucionalización al CIN en 2018, con la Coordinación de la Rectora de la UNA, Sandra Torlucci, el sistema universitario argentino se ha transformado y el movimiento feminista se ha permeado en las instituciones universitarias formando parte de sus agendas.
A pesar de que aún son evidentes grandes dificultades en el acceso y trayectorias libres de estigmas, discriminaciones y violencias para el colectivo LGBT+ en la educación (y otras esferas de la vida), podemos rescatar que, a diferencia de otras décadas, se evidencia que el movimiento feminista y activismos LGBT+ se encuentra participando y fortaleciendo la democratización de los espacios universitarios, haciéndolos más inclusivos y diversos.
De esta forma inciden ya no solo en la proliferación de líneas de investigación e injerencia en la currícula y la resolución de casos de acoso, discriminación y violencias por motivos de género, orientación sexual y expresión de los mismos, sino, y lo novedoso, en la interpelación para la transformación de la cultura androcéntrica y cisheteronormada universitaria.
La creación de secretarías y programas que atienden los casos de discriminación y violencia sexista y LGBT+odiante, a la vez del diseño e implementación de propuestas curriculares diversas e inclusivas, son un claro indicador de una práctica de intervención y formación que no solo apunta al plano de la representación simbólica, sino, fundamentalmente, a la transformación de las prácticas sociales dentro de las instituciones educativas.