Lo hemos dicho con absoluta claridad: del mismo modo que no hay universidad sin recursos para enfrentar erogaciones básicas para su funcionamiento, mucho menos la hay si docentes y nodocentes no perciben un salario digno acorde a su responsabilidad, ni más ni menos que garantizar las condiciones para que futuros profesionales del país se formen con excelencia en las más distintas disciplinas.

La situación salarial en el sistema universitario es extremadamente crítica, con especial énfasis para trabajadoras y trabajadores de menor antigüedad, ya que desde diciembre de 2023 no se ha actualizado la garantía salarial.

Es cierta la afirmación contenida en el comunicado del Ministerio de Capital Humano respecto al incremento salarial del 71 por ciento otorgado de diciembre a julio de este año. Lo que no dice es que, en el mismo período de tiempo, la inflación fue superior al 120 por ciento, por lo que, entre noviembre de 2023 y julio de 2024, el salario del personal universitario registró una caída del 45 por ciento en términos reales, ubicando a numerosos trabajadores, especialmente en los tramos iniciales, por debajo de la línea de pobreza, situación que afecta a alrededor del 50 por ciento del total del personal.
Nunca en los 40 años de democracia las condiciones fueron tan desfavorables. Y esta situación, que afecta a millones de trabajadores de la educación en todo el país, pone en grave riesgo la sostenibilidad de la universidad pública y su capacidad para cumplir con excelencia su misión.

A este crítico escenario se suma la situación de la docencia de los colegios preuniversitarios del sistema, que sufren un impacto adicional producto de la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID). Y todo esto agudiza gravemente la crisis que atraviesan las obras sociales universitarias, que deben enfrentar cuantiosas erogaciones por el excesivo incremento de costos, pero no perciben ingresos que permitan recomponer el desfasaje producido.

Como es evidente, las consecuencias de este proceso son múltiples y muy preocupantes. Naturalmente, la pérdida del poder adquisitivo impacta significativamente en la calidad de vida de las y los trabajadoras y trabajadores de las universidades y ello, consecuentemente, compromete su dedicación y compromiso, lo que amenaza con afectar áreas fundamentales de la investigación, la extensión y la calidad de la enseñanza.

Durante todo el primer semestre hemos advertido responsablemente la gravedad de la situación con la expectativa de encontrar respuestas que eviten dificultades en el funcionamiento de nuestras instituciones. El pasado 4 de julio, el CIN y las representaciones gremiales docentes, nodocentes y estudiantiles manifestamos en conjunto nuestra alerta. Sin embargo, lamentamos que, a pesar de la sostenida advertencia, no se haya decidido aún ni siquiera garantizar con sistematicidad el normal funcionamiento del ámbito paritario nacional, de manera de tener un espacio que permita abordar el problema e imaginar soluciones posibles.

Ante esta situación, reiteramos nuestro reclamo. Es necesaria una recomposición salarial urgente, a través de paritarias libres que permitan recuperar el poder adquisitivo, con el objetivo de garantizar las condiciones laborales acordes a la misión que las universidades públicas tienen.

Hacemos, también, un llamado a la comunidad universitaria y a la sociedad en general a unirse en este pedido e invitamos a todas las universidades del sistema a declarar, a través de los órganos competentes, la crisis y la emergencia salarial. La educación superior es un derecho y la herramienta más importante para resolver los problemas que el país tiene. Lo ha dejado en claro la sociedad en su conjunto el 23 de abril del presente año y esperamos que esa manifestación colectiva se escuche en su justa magnitud.

Finalmente, invitamos a las autoridades nacionales a trabajar conjuntamente con la comunidad universitaria para encontrar soluciones sostenibles a esta problemática. Este Consejo pone toda su disposición y esfuerzo, una vez más, para esa tarea.