El 22 de noviembre de 1949 se estableció la gratuidad universitaria a través del Decreto de Juan Domingo Perón, que suprimió el cobro de aranceles en las instituciones de Educación Superior. Esta conquista tiene como antecedente más relevante la Reforma Universitaria de 1918, durante el gobierno de Hipólito Yrigoyen, cuyos protagonistas cuestionaron el carácter arancelado y elitista del ingreso a las universidades, donde sólo las clases altas y acomodadas podían estudiar.
El fin del arancelamiento universitario marcó una clara masificación en el acceso de lxs hijxs de lxs trabajadores a la formación universitaria, pasando de 66.212 estudiantes en 1949 a 135.891 en 1954, actualmente las universidades públicas cuentan con cerca de 2.5 millones de estudiantes.
El acceso a la educación es un bien fundamental de nuestra sociedad. La igualdad de oportunidades aporta a la equidad y al crecimiento social de todos sus habitantes, pero, a su vez, significa un aumento del capital cultural y simbólico del país. Como consecuencia de la masificación de la educación, el conocimiento pasa a convertirse en derecho colectivo y en un elemento indispensable para el desarrollo de la Nación.
Sin embargo, la gratuidad constituyó un principio en disputa, ya que fue anulado en los gobiernos de facto para ser recuperado definitivamente con la apertura democrática de 1983 y reforzado con su estatus constitucional en 1994, que se mantiene vigente hasta nuestros días, en los que, además, se incluyen sistemas de becas para que los sectores más desfavorecidos también puedan acceder a sus aulas.
Nuestro sistema de educación superior público y gratuito, destacado en todo el mundo, es considerado un derecho adquirido e irrenunciable de las/os argentinas/os. Es por eso, que a pesar de los múltiples intentos a lo largo de varias décadas de revertirlo, ha permanecido vigente hasta nuestros días, gracias a la resistencia de toda la comunidad al quiebre de este contrato social establecido hace 74 años.
Actualmente nos toca atravesar un nuevo contexto político que amenaza el normal funcionamiento de la educación pública. La propuesta de financiar la demanda en lugar de la oferta, a través de un sistema de vouchers, implica establecer aranceles en las universidades públicas, yendo en contra de las luchas históricas de la comunidad universitaria. La idea de hacer competir a las universidades y dejarlas atadas a la lógica del mercado, va en contra de la concepción de la educación como un derecho humano universal y un bien social que debe ser garantizado por el Estado.
La Universidad Nacional de las Artes, en tanto institución de educación superior en artes pública y gratuita, celebra el Día Nacional de la Gratuidad Universitaria y reconoce en esta fecha el producto de decisiones políticas que equipararon las oportunidades para todo el pueblo argentino.
El acceso a la educación es un bien fundamental de nuestra sociedad. La igualdad de oportunidades aporta a la equidad y al crecimiento social de todos sus habitantes, pero, a su vez, significa un aumento del capital cultural y simbólico del país. Como consecuencia de la masificación de la educación, el conocimiento pasa a convertirse en derecho colectivo y en un elemento indispensable para el desarrollo de la Nación.
Sin embargo, la gratuidad constituyó un principio en disputa, ya que fue anulado en los gobiernos de facto para ser recuperado definitivamente con la apertura democrática de 1983 y reforzado con su estatus constitucional en 1994, que se mantiene vigente hasta nuestros días, en los que, además, se incluyen sistemas de becas para que los sectores más desfavorecidos también puedan acceder a sus aulas.
Nuestro sistema de educación superior público y gratuito, destacado en todo el mundo, es considerado un derecho adquirido e irrenunciable de las/os argentinas/os. Es por eso, que a pesar de los múltiples intentos a lo largo de varias décadas de revertirlo, ha permanecido vigente hasta nuestros días, gracias a la resistencia de toda la comunidad al quiebre de este contrato social establecido hace 74 años.
Actualmente nos toca atravesar un nuevo contexto político que amenaza el normal funcionamiento de la educación pública. La propuesta de financiar la demanda en lugar de la oferta, a través de un sistema de vouchers, implica establecer aranceles en las universidades públicas, yendo en contra de las luchas históricas de la comunidad universitaria. La idea de hacer competir a las universidades y dejarlas atadas a la lógica del mercado, va en contra de la concepción de la educación como un derecho humano universal y un bien social que debe ser garantizado por el Estado.
La Universidad Nacional de las Artes, en tanto institución de educación superior en artes pública y gratuita, celebra el Día Nacional de la Gratuidad Universitaria y reconoce en esta fecha el producto de decisiones políticas que equipararon las oportunidades para todo el pueblo argentino.