El Consejo Interuniversitario Nacional, reunido en la Ciudad de Buenos Aires y con fecha 29 de octubre de 2024, emitió una declaración titulada: "Las universidades exigimos un presupuesto adecuado para el 2025".
La declaración, firmada por el Comité Ejecutivo del CIN, manifiesta:
"-Que exigimos con urgencia que el presupuesto 2025 tome como parámetro lo que se requirió oportunamente desde el CIN para permitirnos contar con una herramienta que dé previsibilidad a la gestión del sistema universitario, garantizando un plan de recomposición y recuperación salarial y la continuidad de los programas de asistencia a estudiantes, el funcionamiento de los espacios de formación, de producción científica y tecnológica y el desarrollo de líneas de extensión".
"-Que instamos a que no se generen noticias falsas para desviar la atención sobre el verdadero inconveniente que atraviesa la educación universitaria pública en nuestro país, que es su desfinanciamiento, con particular dramatismo en materia salarial. Pedimos al gobierno nacional racionalidad y respeto, el mismo que ha tenido el sistema universitario hasta aquí a pesar de tanta desconsideración y destrato".
"-Que, frente a acusaciones infundadas y sistemáticas campañas de hostigamiento, reiteramos que no hay ente público más controlado que el sistema universitario y que este Consejo considera siempre oportuno y responsable que así sea. Ratificamos que el organismo legalmente competente para realizar las auditorías en las universidades nacionales es la Auditoría General de la Nación (AGN) y ponemos a disposición de quien lo requiera el dictamen técnico jurídico que el CIN ha elaborado a tales efectos. Las universidades nacionales siempre fueron auditadas y rinden cuentas mensualmente del ejercicio de su presupuesto. Enfatizamos nuestra vocación de trabajar con todos los organismos que aporten a la transparencia del uso de los recursos públicos, incluida la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), pero siempre en el marco del respeto de la autonomía y la autarquía que la Constitución nacional garantiza al sistema y a cada universidad, para establecer las estrategias que se consideren más efectivas para hacer eficientes los procesos y la ejecución del presupuesto. Rechazamos cualquier intento de intervención del Poder Ejecutivo en el ámbito universitario público nacional".
"-Que exigimos con urgencia que el presupuesto 2025 tome como parámetro lo que se requirió oportunamente desde el CIN para permitirnos contar con una herramienta que dé previsibilidad a la gestión del sistema universitario, garantizando un plan de recomposición y recuperación salarial y la continuidad de los programas de asistencia a estudiantes, el funcionamiento de los espacios de formación, de producción científica y tecnológica y el desarrollo de líneas de extensión".
"-Que instamos a que no se generen noticias falsas para desviar la atención sobre el verdadero inconveniente que atraviesa la educación universitaria pública en nuestro país, que es su desfinanciamiento, con particular dramatismo en materia salarial. Pedimos al gobierno nacional racionalidad y respeto, el mismo que ha tenido el sistema universitario hasta aquí a pesar de tanta desconsideración y destrato".
"-Que, frente a acusaciones infundadas y sistemáticas campañas de hostigamiento, reiteramos que no hay ente público más controlado que el sistema universitario y que este Consejo considera siempre oportuno y responsable que así sea. Ratificamos que el organismo legalmente competente para realizar las auditorías en las universidades nacionales es la Auditoría General de la Nación (AGN) y ponemos a disposición de quien lo requiera el dictamen técnico jurídico que el CIN ha elaborado a tales efectos. Las universidades nacionales siempre fueron auditadas y rinden cuentas mensualmente del ejercicio de su presupuesto. Enfatizamos nuestra vocación de trabajar con todos los organismos que aporten a la transparencia del uso de los recursos públicos, incluida la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), pero siempre en el marco del respeto de la autonomía y la autarquía que la Constitución nacional garantiza al sistema y a cada universidad, para establecer las estrategias que se consideren más efectivas para hacer eficientes los procesos y la ejecución del presupuesto. Rechazamos cualquier intento de intervención del Poder Ejecutivo en el ámbito universitario público nacional".