El 1 de abril se cumplieron 3 años del asesinato de Micaela García. La Negra, como le decían sus amigos y familiares, tenía 21 años cuando fue secuestrada, violada y asesinada a la salida de un boliche de la ciudad de Gualeguay. Micaela era estudiante universitaria, militante popular y feminista.
Uno de sus agresores, Sebastián Wagner, se encuentra hoy cumpliendo una pena de prisión perpetua. En el momento del asesinato de Micaela gozaba del beneficio de liberación anticipada, ya que anteriormente había sido juzgado y encarcelado por otros ataques sexuales, con una condena de 9 años que no terminó de cumplir. En 2016 el juez de Ejecución de Penas de Gualeguaychú, Carlos Rossi, lo liberó. A raíz de esto, la Justicia recibió siete pedidos de destitución a Rossi, quien enfrentó un jurado de enjuiciamiento por mal desempeño y falta de idoneidad, aunque salió absuelto.
A partir de ahí, en diciembre del 2018, Néstor García, padre de Micaela, motorizó la sanción de la Ley 27.499 “Ley Micaela”, por el Congreso de la Nación. La Ley busca prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres y las disidencias, a través de capacitaciones transversales, obligatorias y permanentes en perspectiva de género para las personas que se desempeñen en la función pública en todos los niveles y jerarquías de los poderes del Estado: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Hoy su órgano de aplicación es el flamante Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad.
Como parte de sus políticas preventivas contra la violencia por razones de género, las universidades nacionales a través de sus consejos superiores fueron adhiriendo a la Ley Micaela. Según datos de la RUGE -Red Interuniversitaria por la Igualdad de Género y Contra las Violencias-, el 82% de las universidades nacionales adhirieron a la Ley y un 49% comenzaron con las capacitaciones obligatorias a autoridades.
El Consejo Superior de la Universidad Nacional de las Artes aprobó la adhesión a la Ley Micaela el 28 de marzo de 2019 por Resolución N° 0052. En ella se establece la capacitación obligatoria de género contra las mujeres y disidencias para las autoridades superiores, docentes, no docentes y estudiantes, y se dispone que la RUGE sea el órgano de consulta y asesoramiento en la temática. Durante ese mismo año, se avanzó en las capacitaciones a autoridades superiores y se habilitaron espacios de formación para docentes y estudiantes donde se identificaron prácticas y discursos que responden a masculinidades hegemónicas y reproducen desigualdades de género. El contexto de aislamiento social preventivo que se ha sido dispuesto en el marco de la pandemia por COVID-19, ha afectado el normal desarrollo de las actividades, por lo que esperamos dar continuidad a los encuentros iniciados en 2019 una vez se restablezca el funcionamiento de la universidad.
¡Que la Ley Micaela llegue a cada rincón de nuestro país! ¡Basta de femicidios y transfemicidios! ¡Por una patria igualitaria y feminista como la que Micaela soñó!
A partir de ahí, en diciembre del 2018, Néstor García, padre de Micaela, motorizó la sanción de la Ley 27.499 “Ley Micaela”, por el Congreso de la Nación. La Ley busca prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres y las disidencias, a través de capacitaciones transversales, obligatorias y permanentes en perspectiva de género para las personas que se desempeñen en la función pública en todos los niveles y jerarquías de los poderes del Estado: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Hoy su órgano de aplicación es el flamante Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad.
Como parte de sus políticas preventivas contra la violencia por razones de género, las universidades nacionales a través de sus consejos superiores fueron adhiriendo a la Ley Micaela. Según datos de la RUGE -Red Interuniversitaria por la Igualdad de Género y Contra las Violencias-, el 82% de las universidades nacionales adhirieron a la Ley y un 49% comenzaron con las capacitaciones obligatorias a autoridades.
El Consejo Superior de la Universidad Nacional de las Artes aprobó la adhesión a la Ley Micaela el 28 de marzo de 2019 por Resolución N° 0052. En ella se establece la capacitación obligatoria de género contra las mujeres y disidencias para las autoridades superiores, docentes, no docentes y estudiantes, y se dispone que la RUGE sea el órgano de consulta y asesoramiento en la temática. Durante ese mismo año, se avanzó en las capacitaciones a autoridades superiores y se habilitaron espacios de formación para docentes y estudiantes donde se identificaron prácticas y discursos que responden a masculinidades hegemónicas y reproducen desigualdades de género. El contexto de aislamiento social preventivo que se ha sido dispuesto en el marco de la pandemia por COVID-19, ha afectado el normal desarrollo de las actividades, por lo que esperamos dar continuidad a los encuentros iniciados en 2019 una vez se restablezca el funcionamiento de la universidad.
¡Que la Ley Micaela llegue a cada rincón de nuestro país! ¡Basta de femicidios y transfemicidios! ¡Por una patria igualitaria y feminista como la que Micaela soñó!