Hace 75 años, un decreto firmado por el entonces presidente Juan Domingo Perón, cambió para siempre el destino de millones de argentinos y argentinas, asignándole gratuidad a la enseñanza universitaria. Desde entonces, la matrícula y la composición del estudiantado cambió notoriamente. En la actualidad, más de 2 millones de personas sin distinción de clases concurren a universidades nacionales gratuitas en todo el país.
Cada 22 de noviembre se celebra en la Argentina el Día Nacional de la Gratuidad Universitaria, en conmemoración del decreto número 29.337, firmado en 1949 que dispuso la gratuidad universitaria en todo el país. Hasta entonces, la educación superior era arancelada y por ende elitista, ya que solo las clases acomodadas podían estudiar. El decreto además proclamaba el compromiso del Estado para su financiamiento.
Desde entonces, las universidades argentinas comenzaron a poblarse de hijos e hijas de trabajadorxs, quienes fueron la primera generación de estudiantes universitarios en sus familias. Las tan ansiadas aspiraciones de la Reforma Universitaria del 18, que sentó las bases para la gratuidad, vieron su luz, a través de la composición popular del estudiantado y el espíritu democratizador de la educación universitaria.
Este fundamental derecho conquistado fue ratificado a través de la Ley orgánica de universidades, aprobada en 1945 por el Congreso de la Nación, e incluyó la gratuidad de manera inequívoca. La matrícula del año 1945 era poco más de 47000 estudiantes, mientras que para 1960 ya superaba los 160000, llegando en 1975, previo al golpe cívico militar, a casi medio millón de estudiantes en todo el país.
Tras el golpe cívico militar de 1976 las universidades en su organización y su matrícula sufrieron de manera directa, lo que ocasionó que nuevamente se vieran afectadas. Entre otros y más graves ataques, el decreto sobre gratuidad fue anulado. Sin embargo, nuevamente en democracia, la gratuidad se recuperó definitivamente y fue reforzada con su estatus constitucional en 1994. Así volvieron a poblarse las aulas de las universidades argentinas en un proceso gradual, que incluyó la inauguración de más instituciones de educación superior públicas y gratuitas.
A 75 años de aquel decreto que cambió para siempre la educación universitaria del país, más de 2 millones de estudiantes en 66 universidades nacionales transitan la posibilidad de cambiar sus destinos a través de la educación pública.
Sin embargo, hoy el sistema universitario nacional en su conjunto, que hasta ayer parecía ser una conquista indiscutible del y para el pueblo argentino, está siendo vulnerado, desfinanciado y atacado de manera directa por parte del gobierno nacional, desconociendo leyes, declaraciones nacionales e internacionales al respecto.
En la Declaración Final de la Conferencia Regional de Educación Superior de América Latina y el Caribe (CRES), celebrada en junio de 2008, en la ciudad de Cartagena de Indias, Colombia, se establece claramente que la Educación Superior es un bien público social, un derecho humano y universal y un deber del Estado.
Asimismo, en el comunicado de la Conferencia Mundial sobre la Educación Superior realizada en 2009 en París, se establece que en su condición de bien público y de imperativo estratégico para todos los niveles de la enseñanza, y por ser fundamento de la investigación, la innovación y la creatividad, la educación superior debe ser responsabilidad de todos los gobiernos y recibir su apoyo económico.
Más adelante, al celebrarse los cien años de la Reforma del 18 en Córdoba, la CRES 2018 declaró que la gratuidad, para ser completa, debe ir acompañada de sistemas sólidos de asistencia estudiantil para estudiantes de escasos recursos económicos y provenientes de poblaciones tradicionalmente marginadas.
La legislación argentina en esta materia es de avanzada a nivel mundial por otorgar a la Educación Superior su condición de derecho humano y social. En la Ley Nº 27.204 de Implementación efectiva de la responsabilidad del Estado en el nivel de Educación Superior, modificatoria de la Ley Nº 24.521 y sancionada en el año 2015 se establece, en su artículo 1°, que el Estado Nacional tiene la responsabilidad principal e indelegable sobre la Educación Superior, en tanto la educación y el conocimiento son un bien público y un derecho humano personal y social.
La función democratizadora, igualadora y transformadora de la educación pública, la responsabilidad del Estado en su financiamiento y el compromiso social en su defensa es patrimonio y orgullo de todas y todos los argentinos.
El engrandecimiento y auténtico progreso de un pueblo estriba en gran parte en el grado de educación que alcance cada una de las personas que lo componen, por lo que resulta de suma importancia reafirmar el compromiso con la gratuidad universitaria en un contexto de desfinanciamiento del sistema y de lucha contra las políticas de ajuste que ponen en duda los principios fundamentales del pueblo.
Solo a través de la defensa de la universidad pública, la gratuidad y su capacidad de transformación será posible imaginar una sociedad más justa, soberana e inclusiva.
Desde entonces, las universidades argentinas comenzaron a poblarse de hijos e hijas de trabajadorxs, quienes fueron la primera generación de estudiantes universitarios en sus familias. Las tan ansiadas aspiraciones de la Reforma Universitaria del 18, que sentó las bases para la gratuidad, vieron su luz, a través de la composición popular del estudiantado y el espíritu democratizador de la educación universitaria.
Este fundamental derecho conquistado fue ratificado a través de la Ley orgánica de universidades, aprobada en 1945 por el Congreso de la Nación, e incluyó la gratuidad de manera inequívoca. La matrícula del año 1945 era poco más de 47000 estudiantes, mientras que para 1960 ya superaba los 160000, llegando en 1975, previo al golpe cívico militar, a casi medio millón de estudiantes en todo el país.
Tras el golpe cívico militar de 1976 las universidades en su organización y su matrícula sufrieron de manera directa, lo que ocasionó que nuevamente se vieran afectadas. Entre otros y más graves ataques, el decreto sobre gratuidad fue anulado. Sin embargo, nuevamente en democracia, la gratuidad se recuperó definitivamente y fue reforzada con su estatus constitucional en 1994. Así volvieron a poblarse las aulas de las universidades argentinas en un proceso gradual, que incluyó la inauguración de más instituciones de educación superior públicas y gratuitas.
A 75 años de aquel decreto que cambió para siempre la educación universitaria del país, más de 2 millones de estudiantes en 66 universidades nacionales transitan la posibilidad de cambiar sus destinos a través de la educación pública.
Sin embargo, hoy el sistema universitario nacional en su conjunto, que hasta ayer parecía ser una conquista indiscutible del y para el pueblo argentino, está siendo vulnerado, desfinanciado y atacado de manera directa por parte del gobierno nacional, desconociendo leyes, declaraciones nacionales e internacionales al respecto.
En la Declaración Final de la Conferencia Regional de Educación Superior de América Latina y el Caribe (CRES), celebrada en junio de 2008, en la ciudad de Cartagena de Indias, Colombia, se establece claramente que la Educación Superior es un bien público social, un derecho humano y universal y un deber del Estado.
Asimismo, en el comunicado de la Conferencia Mundial sobre la Educación Superior realizada en 2009 en París, se establece que en su condición de bien público y de imperativo estratégico para todos los niveles de la enseñanza, y por ser fundamento de la investigación, la innovación y la creatividad, la educación superior debe ser responsabilidad de todos los gobiernos y recibir su apoyo económico.
Más adelante, al celebrarse los cien años de la Reforma del 18 en Córdoba, la CRES 2018 declaró que la gratuidad, para ser completa, debe ir acompañada de sistemas sólidos de asistencia estudiantil para estudiantes de escasos recursos económicos y provenientes de poblaciones tradicionalmente marginadas.
La legislación argentina en esta materia es de avanzada a nivel mundial por otorgar a la Educación Superior su condición de derecho humano y social. En la Ley Nº 27.204 de Implementación efectiva de la responsabilidad del Estado en el nivel de Educación Superior, modificatoria de la Ley Nº 24.521 y sancionada en el año 2015 se establece, en su artículo 1°, que el Estado Nacional tiene la responsabilidad principal e indelegable sobre la Educación Superior, en tanto la educación y el conocimiento son un bien público y un derecho humano personal y social.
La función democratizadora, igualadora y transformadora de la educación pública, la responsabilidad del Estado en su financiamiento y el compromiso social en su defensa es patrimonio y orgullo de todas y todos los argentinos.
El engrandecimiento y auténtico progreso de un pueblo estriba en gran parte en el grado de educación que alcance cada una de las personas que lo componen, por lo que resulta de suma importancia reafirmar el compromiso con la gratuidad universitaria en un contexto de desfinanciamiento del sistema y de lucha contra las políticas de ajuste que ponen en duda los principios fundamentales del pueblo.
Solo a través de la defensa de la universidad pública, la gratuidad y su capacidad de transformación será posible imaginar una sociedad más justa, soberana e inclusiva.
