En el marco de este Programa funciona la línea 137, que tiene la particularidad de ser un canal de recepción de denuncias y consultas ante situaciones de violencia familiar y sexual de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La línea telefónica funciona las 24 hs., los 365 días del año, y es atendida en su totalidad por psicólogxs y trabajadorxs sociales con formación en la temática. A su vez, el Programa cuenta con Equipos Móviles que acuden al encuentro de las víctimas con el fin de contenerlas, asesorarlas y orientarlas en todo el momento posterior al hecho sufrido, y acompañarlas durante las diferentes instancias del proceso judicial. El Programa depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación y funciona desde el año 2006, habiendo atendido desde entonces a más de 200.000 personas.
Distintas fuentes advierten que este DNU disolvería el convenio con los Entes Cooperadores, que son quienes sustancian los contratos de lxs trabajadorxs de numerosos organismos públicos, entre ellos, del mencionado Programa. De concretarse la firma de este Decreto -además de poner en peligro los puestos de trabajo y fuentes de ingresos de miles de familias argentinas- se avanzaría en el desfinanciamiento de las políticas públicas del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, peligrando la continuidad de líneas de acción para la atención de víctimas y erradicación de las violencias.
En los últimos años, las Universidades públicas hemos asumido un compromiso activo en la lucha por el derecho a una vida libre de violencia sexista. Realizamos trabajos con organizaciones sociales, desarrollamos líneas de investigación y espacios de atención e intervención ante situaciones de violencia y discriminación basada en el género, la identidad u la orientación sexual. Para realizar esas intervenciones es fundamental articular con otros espacios que con mucho trabajo relevamos, listamos, y organizamos en guías que llamamos “recurseros”. Los recurseros incluyen organismos públicos nacionales, provinciales y locales, teléfonos de emergencia, comisarías, centros de salud, organizaciones sociales, etc., que brindamos a la persona que consulta y de los cuales, la línea 137 es la primera sugerencia que hacemos a alguien que reside en CABA.
Su desmantelamiento quitaría la protección que es responsabilidad del Estado garantizar. Nos dejaría sin la posibilidad de seguir trabajando de manera articulada con dependencias públicas, dando una respuesta efectiva e integradora que brinde a las víctimas soportes institucionales para salir de la situación de vulnerabilidad, avanzar en la construcción de una vida libre de violencias y un proyecto de vida basado en la equidad e igualdad entre los géneros.
Desde la Red RUGE expresamos nuestra preocupación frente al desfinanciamiento de las políticas públicas. Hacemos llegar por este medio nuestra solidaridad y apoyo a lxs trabajadorxs e instamos a las autoridades a comprometerse con el sostenimiento de políticas tan sensibles y necesarias para nuestra sociedad.