Senadores y Senadoras de la Nación:
Desde la Red Interuniversitaria por la Igualdad de Género y Contra las Violencias RUGE nos dirigimos a Uds. con motivo de manifestarles nuestro apoyo al proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, su discusión parlamentaria y su aprobación.
Como muchas expositoras han expresado a lo largo de este debate, nosotras también consideramos que este es un momento histórico muy esperado por gran parte de la sociedad argentina. Desde el retorno de la democracia y más fuertemente en la última década, hemos avanzado en derechos de igualdad de género que fueron puestos en agenda por el movimiento de mujeres, feminista y LGTTBIQ. Sin embargo, el derecho al aborto sigue siendo una deuda de nuestra democracia, que estamos a poco de saldar. Resulta fundamental recordar a quienes integran el Poder Legislativo y Ejecutivo que la interrupción voluntaria del embarazo tiene carácter constitucional en virtud de los tratados de derechos humanos que Argentina ha firmado y que, actualmente, integran el bloque constitucional. Son muchas las Observaciones que ha recibido nuestro Estado por parte de los organismos internacionales que monitorean los tratados, instando a nuestro país a avanzar en la legalización del aborto, evitando la criminalización, los daños y las muertes provocados por los abortos realizados de manera insegura.
La sanción de la Ley de IVE permitiría terminar con este sistema de injusticia social y protegería a toda persona gestante que decida interrumpir un embarazo, cualesquiera sean sus razones. Retiraría al Estado del ámbito de la autodeterminación de las personas para ubicarlo en la función de amparar a aquellas que necesiten cuidados y atención, y legislaría ponderando el bien común por sobre los intereses ideológicos individuales. Quienes están en contra de la interrupción voluntaria del embarazo no sufrirán consecuencias personales ante la aprobación de esta Ley, ya que no tendrían por qué modificar su conducta sea cual fuere la legislación imperante, mientras que quienes no piensan el aborto como algo condenable en sí mismo o, quienes lo consideren necesario, como una última acción para resolver un embarazo no deseado, se verían incluidas a través de esta ley en un sistema de justicia que distinga las cuestiones de orden privado de las de orden social y las contenga.
Sabemos que las personas gestantes abortan porque existen fallas en el uso de métodos anticonceptivos, existe olvido, desconocimiento y la falta de conciencia sobre el cuerpo propio, la falta de provisión estatal de anticonceptivos, por la negación masculina al uso de preservativos o a la realización de la vasectomía, la imposibilidad de asumir la responsabilidad económica, afectiva, habitacional, sanitaria, entre muchas otras, que implica criar una persona, el no deseo de una maternidad para la cual no estamos disponibles son algunas de las razones que nos llevan a interrumpir gestaciones no oportunas. También existen otros motivos tales como la violencia conyugal, la violación intra y extra familiar -tan silenciada- el aborto impuesto por varones que sostienen relaciones extramatrimoniales o no, o con los cuales existe una relación de trabajo desigual y jerárquica.
Sabemos también que los países que llevan adelante políticas integrales de salud sexual y reproductiva, y en los que el aborto es legal, se produjeron bajas en las tasas de aborto y de morbi-mortalidad de personas gestantes -como, por ejemplo, Uruguay-.
Las Universidades públicas hemos asumido un compromiso con los derechos de las mujeres y por ello, somos cada vez más las que contamos con espacios institucionales de atención a la salud sexual, reproductiva y no reproductiva como las Consejerías integrales. La circulación de la información y la entrega de los métodos anticonceptivos como así también la atención y acompañamiento de los abortos no punibles ha sido una práctica que llevamos adelante en las Universidades desde hace algunos años.
Por otro lado, consideramos absolutamente preocupante el subregistro e invisibilización de los abortos en los registros estadísticos. Esto es grave porque no permite visualizar el problema, diagnosticarlo y planificar políticas públicas integrales y preventivas. Además se suman otras razones que lo complejizan, entre ellas los mandatos culturales e idealización acerca de la maternidad la cual aparece desvinculada, desconectada de la precariedad económica, social, educativa y de falta de protecciones estatales; la discrecionalidad y arbitrariedad en la que se resuelven muchas situaciones donde se suelen judicializar los casos vulnerando derechos ya consagrados (por tratados y convenciones internacionales) y la negación de profesionales a atender las interrupciones legales del embarazo expresando objeción de conciencia cuando en la práctica médica privada esta objeción no es tal. En este sentido, el aporte de las Universidades para la construcción de datos rigurosos para las políticas públicas sería fundamental.
Ya varias Universidades se han pronunciado en apoyo a este proyecto. Rectoras y Rectores integrantes del CIN se han expresado a favor del proyecto de Ley de IVE. Este paso es el resultado de un proceso de lucha y transformación de un sistema universitario gobernado por un 90 por ciento de varones. El debate generado en Universidades y Facultades en sus órganos de co-gobierno ha generado una profunda toma de conciencia del tema como problema social del que la Universidad no está exenta, ya afecta directamente a quienes la transitan desde cualquiera de los claustros. Los posicionamientos de las UUNN no sólo repercutirán en el acompañamiento social para la aprobación de la despenalización y legalización del aborto, sino que hacia adentro de las instituciones generará más investigación, más formación y mejores políticas de género.
En este sentido, señoras y señores legisladores, invitamos a asumir de manera responsable el rol social que tiene la labor de las y los integrantes del Congreso de la Nación, comprendiendo la ampliación de qué derecho se está dirimiendo. Actualmente se producen entre 400.000 y 600.000 abortos al año, según índices del Ministerio de Salud. Estos números no son exactos ni podrían serlo porque se trata, hasta ahora, de una acción clandestina. Sin embargo, demuestran que las personas abortan, incluso ante la amenaza de la penalización por parte del Estado, incluso ante la amenaza de la probabilidad de muerte es decir que la punición genera una injusticia grave, la penalización del aborto provoca conflictos de salud pública, viola el acceso universal e igualitario a la salud como derecho humano insoslayable que debe ser garantizado por el estado y limita la capacidad de decidir de las personas sobre su cuerpo y su mejor vivir. El aborto es una práctica común en todas las clases sociales pero la experiencia y las consecuencias son muy diferentes de acuerdo al nivel socioeconómico de quien lo practica.
Por ello, consideramos necesario suspendan sus sistemas de creencias y pensamientos subjetivos para ocuparse de generar acciones de justicia social, promover el bienestar de la mayor parte de la población asumiendo el posicionamiento ético que implica correrse del lugar para ponerse en el de quien reclama protección, porque no recibe el suficiente amparo del Estado.
Quienes formamos parte de esta Red estamos convencidas que el aborto debe ser ley para que la maternidad pueda ser deseada y ejercida desde la libertad, y no una fatalidad que deba asumirse como un destino inexorable. Nuestro quehacer cotidiano en las Universidades está orientado a fortalecer la autonomía y velar porque cada una de nuestras estudiantes, docentes, no docentes o investigadoras desarrolle en libertad su proyecto personal. En estos años, hemos llevado adelante una labor histórica poniendo de manifiesto las desigualdades y violencias que tienen lugar en estos ámbitos y creamos dispositivos específicos para atenderlas. Realizamos tareas de investigación, formación, extensión, cargos de gestión con la convicción profunda de que las instituciones se pueden transformar. Solicitamos a Uds. tengan a bien legislar a la altura de la demanda de estos tiempos. Desde todos los puntos del país exigimos:
Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir.
Desde la Red Interuniversitaria por la Igualdad de Género y Contra las Violencias RUGE nos dirigimos a Uds. con motivo de manifestarles nuestro apoyo al proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, su discusión parlamentaria y su aprobación.
Como muchas expositoras han expresado a lo largo de este debate, nosotras también consideramos que este es un momento histórico muy esperado por gran parte de la sociedad argentina. Desde el retorno de la democracia y más fuertemente en la última década, hemos avanzado en derechos de igualdad de género que fueron puestos en agenda por el movimiento de mujeres, feminista y LGTTBIQ. Sin embargo, el derecho al aborto sigue siendo una deuda de nuestra democracia, que estamos a poco de saldar. Resulta fundamental recordar a quienes integran el Poder Legislativo y Ejecutivo que la interrupción voluntaria del embarazo tiene carácter constitucional en virtud de los tratados de derechos humanos que Argentina ha firmado y que, actualmente, integran el bloque constitucional. Son muchas las Observaciones que ha recibido nuestro Estado por parte de los organismos internacionales que monitorean los tratados, instando a nuestro país a avanzar en la legalización del aborto, evitando la criminalización, los daños y las muertes provocados por los abortos realizados de manera insegura.
La sanción de la Ley de IVE permitiría terminar con este sistema de injusticia social y protegería a toda persona gestante que decida interrumpir un embarazo, cualesquiera sean sus razones. Retiraría al Estado del ámbito de la autodeterminación de las personas para ubicarlo en la función de amparar a aquellas que necesiten cuidados y atención, y legislaría ponderando el bien común por sobre los intereses ideológicos individuales. Quienes están en contra de la interrupción voluntaria del embarazo no sufrirán consecuencias personales ante la aprobación de esta Ley, ya que no tendrían por qué modificar su conducta sea cual fuere la legislación imperante, mientras que quienes no piensan el aborto como algo condenable en sí mismo o, quienes lo consideren necesario, como una última acción para resolver un embarazo no deseado, se verían incluidas a través de esta ley en un sistema de justicia que distinga las cuestiones de orden privado de las de orden social y las contenga.
Sabemos que las personas gestantes abortan porque existen fallas en el uso de métodos anticonceptivos, existe olvido, desconocimiento y la falta de conciencia sobre el cuerpo propio, la falta de provisión estatal de anticonceptivos, por la negación masculina al uso de preservativos o a la realización de la vasectomía, la imposibilidad de asumir la responsabilidad económica, afectiva, habitacional, sanitaria, entre muchas otras, que implica criar una persona, el no deseo de una maternidad para la cual no estamos disponibles son algunas de las razones que nos llevan a interrumpir gestaciones no oportunas. También existen otros motivos tales como la violencia conyugal, la violación intra y extra familiar -tan silenciada- el aborto impuesto por varones que sostienen relaciones extramatrimoniales o no, o con los cuales existe una relación de trabajo desigual y jerárquica.
Sabemos también que los países que llevan adelante políticas integrales de salud sexual y reproductiva, y en los que el aborto es legal, se produjeron bajas en las tasas de aborto y de morbi-mortalidad de personas gestantes -como, por ejemplo, Uruguay-.
Las Universidades públicas hemos asumido un compromiso con los derechos de las mujeres y por ello, somos cada vez más las que contamos con espacios institucionales de atención a la salud sexual, reproductiva y no reproductiva como las Consejerías integrales. La circulación de la información y la entrega de los métodos anticonceptivos como así también la atención y acompañamiento de los abortos no punibles ha sido una práctica que llevamos adelante en las Universidades desde hace algunos años.
Por otro lado, consideramos absolutamente preocupante el subregistro e invisibilización de los abortos en los registros estadísticos. Esto es grave porque no permite visualizar el problema, diagnosticarlo y planificar políticas públicas integrales y preventivas. Además se suman otras razones que lo complejizan, entre ellas los mandatos culturales e idealización acerca de la maternidad la cual aparece desvinculada, desconectada de la precariedad económica, social, educativa y de falta de protecciones estatales; la discrecionalidad y arbitrariedad en la que se resuelven muchas situaciones donde se suelen judicializar los casos vulnerando derechos ya consagrados (por tratados y convenciones internacionales) y la negación de profesionales a atender las interrupciones legales del embarazo expresando objeción de conciencia cuando en la práctica médica privada esta objeción no es tal. En este sentido, el aporte de las Universidades para la construcción de datos rigurosos para las políticas públicas sería fundamental.
Ya varias Universidades se han pronunciado en apoyo a este proyecto. Rectoras y Rectores integrantes del CIN se han expresado a favor del proyecto de Ley de IVE. Este paso es el resultado de un proceso de lucha y transformación de un sistema universitario gobernado por un 90 por ciento de varones. El debate generado en Universidades y Facultades en sus órganos de co-gobierno ha generado una profunda toma de conciencia del tema como problema social del que la Universidad no está exenta, ya afecta directamente a quienes la transitan desde cualquiera de los claustros. Los posicionamientos de las UUNN no sólo repercutirán en el acompañamiento social para la aprobación de la despenalización y legalización del aborto, sino que hacia adentro de las instituciones generará más investigación, más formación y mejores políticas de género.
En este sentido, señoras y señores legisladores, invitamos a asumir de manera responsable el rol social que tiene la labor de las y los integrantes del Congreso de la Nación, comprendiendo la ampliación de qué derecho se está dirimiendo. Actualmente se producen entre 400.000 y 600.000 abortos al año, según índices del Ministerio de Salud. Estos números no son exactos ni podrían serlo porque se trata, hasta ahora, de una acción clandestina. Sin embargo, demuestran que las personas abortan, incluso ante la amenaza de la penalización por parte del Estado, incluso ante la amenaza de la probabilidad de muerte es decir que la punición genera una injusticia grave, la penalización del aborto provoca conflictos de salud pública, viola el acceso universal e igualitario a la salud como derecho humano insoslayable que debe ser garantizado por el estado y limita la capacidad de decidir de las personas sobre su cuerpo y su mejor vivir. El aborto es una práctica común en todas las clases sociales pero la experiencia y las consecuencias son muy diferentes de acuerdo al nivel socioeconómico de quien lo practica.
Por ello, consideramos necesario suspendan sus sistemas de creencias y pensamientos subjetivos para ocuparse de generar acciones de justicia social, promover el bienestar de la mayor parte de la población asumiendo el posicionamiento ético que implica correrse del lugar para ponerse en el de quien reclama protección, porque no recibe el suficiente amparo del Estado.
Quienes formamos parte de esta Red estamos convencidas que el aborto debe ser ley para que la maternidad pueda ser deseada y ejercida desde la libertad, y no una fatalidad que deba asumirse como un destino inexorable. Nuestro quehacer cotidiano en las Universidades está orientado a fortalecer la autonomía y velar porque cada una de nuestras estudiantes, docentes, no docentes o investigadoras desarrolle en libertad su proyecto personal. En estos años, hemos llevado adelante una labor histórica poniendo de manifiesto las desigualdades y violencias que tienen lugar en estos ámbitos y creamos dispositivos específicos para atenderlas. Realizamos tareas de investigación, formación, extensión, cargos de gestión con la convicción profunda de que las instituciones se pueden transformar. Solicitamos a Uds. tengan a bien legislar a la altura de la demanda de estos tiempos. Desde todos los puntos del país exigimos:
Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir.
