En el Día Internacional de Lucha contra la Discriminación por Orientación Sexual e Identidad de Género, la comunidad de la UNA se solidariza y acompaña el reclamo de justicia por Pamela Cobbas, Roxana Figueroa, Andrea Amarante y Sofía Castro Riglos, víctimas de un ataque lesboodiante en el barrio de Barracas.
Las luchas del colectivo LGBTIQ+ por la despatologización y erradicación de la violencia y discriminación hacia sus identidades, especialmente en el contexto histórico actual, resultan sumamente necesarias de ser mencionadas y visibilizadas. Una de las fechas en las cuales se reconocen estas acciones provenientes de múltiples actores -activismos, movimientos sociales, organizaciones de la sociedad civil, entre otros- es el 17 de mayo. Un dia como hoy, hace 34 años, la Organización Mundial de la Salud (OMS) retiró a la homosexualidad de su lista de enfermedades mentales.
La importancia de este hecho radica en que, hasta ese momento, las personas LGBTIQ+ eran patologizadas por el único motivo de no ser heterosexuales. Lo cual se vincula con los efectos de la heteronorma: la creencia social de que la heterosexualidad es la única forma natural, aceptable y correcta de vivenciar el deseo y atracción por alguien. A su vez, esto tenía consecuencias en la cotidianeidad de las personas LGBTIQ+, ya que el estigma generaba expulsiones de las familias de origen y los espacios educativos, dificultades para conseguir un trabajo, o al conseguirlo, tener que ocultar su orientación sexual por temor a perderlo, problemáticas de acceso a los sistemas de salud, hasta inclusive episodios de violencia institucional y asesinatos por motivos de odio.
No obstante, y a pesar del enorme avance que implicó esta modificación llevada adelante por la OMS, en la actualidad las políticas de retroceso en materia de derechos conquistados para la comunidad de la diversidad/disidencia sexual, hacen mella al interior de la región. Por ejemplo, recientemente el gobierno de Perú clasificó a la transexualidad como parte del espectro de enfermedades mentales, así como también, en Argentina se prohibió la perspectiva de género y el lenguaje inclusivo en toda la administración pública, además de cerrar instituciones clave en la atención de casos de violencia y discriminación, tales como el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI).
A su vez, la permeabilidad de los discursos de odio perjudica el desarrollo de sociedades libres de discriminación y prejuicios hacia colectivos históricamente vulnerabilizados, tales como la comunidad LGBTIQ+, mediante la proliferación de acciones comunicativas alejadas de los estándares promovidos por las legislaciones internacionales de derechos humanos. Entre ellos, se encuentran relatos que buscan desestimar la existencia de la homofobia, a pesar de los múltiples informes estadísticos a nivel nacional, regional e internacional que dan cuenta de su problemática presencia. A modo de ejemplo, el Informe 2021 de la Red Latinoamericana y del Caribe de Personas Trans (RedLacTrans), alerta que el 54% de la población trans fue víctima de discriminación, intimidación o amenaza y acoso; mientras que el 46% fue víctima de las modalidades más crueles de violencia: asesinato, secuestro, golpiza o agresión física, abuso sexual y detenciones ilegales.
Uno de los casos más recientes a nivel nacional, que demuestra la urgencia de promover transformaciones en los modos de comunicar y llevar adelante políticas de promoción y protección de derechos respecto a la población LGBTIQ+, es el triple lesbicidio ocurrido en Barracas (CABA), el pasado 5 de mayo del corriente año. En la habitación de un hotel familiar, vivían hacinadas cuatro lesbianas que fueron prendidas fuego con una bomba casera mientras dormían, por parte de un hombre que las consideraba repugnantes por el solo hecho de su orientación sexual. Tres de ellas, Pamela, Roxana y Andrea, fallecieron. Este episodio no es un hecho aislado, sino que es un crimen de odio perpetrado en una coyuntura de ausencia estatal en materia de protección integral hacia la comunidad LGBTIQ+.
En esta línea, la comunidad de Lesbianes Autoconvocades se encuentra trabajando en una colecta y asistiendo a la única sobreviviente, Sofía Castro Riglos, además de realizar actividades de visibilización y de pedido de esclarecimiento y justicia por los hechos. Se puede acceder a más información en @_niunamenos_ (instagram Ni Una Menos), @segunjesi (instagram Jesi Hernández, activista LGBT+).
Desde la Universidad Nacional de las Artes, y en particular desde la Secretaría de Igualdad, Derechos y Diversidad, nos solidarizamos y acompañamos el reclamo de justicia por Pamela, Roxana, Andrea y Sofía, víctimas de un ataque lesboodiante en el barrio de Barracas, y reafirmamos nuestro compromiso en la elaboración de políticas de promoción de derechos y tendientes a transformar el lazo social de nuestra comunidad desde la diversidad, el respeto y la inclusión.
Si sufrís acoso, discriminación o violencia con motivo de tu identidad sexogenérica dentro de la Universidad, o tenés conocimiento de una situación de estas características, podés comunicarte a la casilla del equipo de atención del Protocolo de la UNA (Ord. UNA Nº 0027/19): atencion.genero@una.edu.ar.
—
Datos de contacto
Secretaría de Igualdad, Derechos y Diversidad UNA
rectorado.igualdad@una.edu.ar
La importancia de este hecho radica en que, hasta ese momento, las personas LGBTIQ+ eran patologizadas por el único motivo de no ser heterosexuales. Lo cual se vincula con los efectos de la heteronorma: la creencia social de que la heterosexualidad es la única forma natural, aceptable y correcta de vivenciar el deseo y atracción por alguien. A su vez, esto tenía consecuencias en la cotidianeidad de las personas LGBTIQ+, ya que el estigma generaba expulsiones de las familias de origen y los espacios educativos, dificultades para conseguir un trabajo, o al conseguirlo, tener que ocultar su orientación sexual por temor a perderlo, problemáticas de acceso a los sistemas de salud, hasta inclusive episodios de violencia institucional y asesinatos por motivos de odio.
No obstante, y a pesar del enorme avance que implicó esta modificación llevada adelante por la OMS, en la actualidad las políticas de retroceso en materia de derechos conquistados para la comunidad de la diversidad/disidencia sexual, hacen mella al interior de la región. Por ejemplo, recientemente el gobierno de Perú clasificó a la transexualidad como parte del espectro de enfermedades mentales, así como también, en Argentina se prohibió la perspectiva de género y el lenguaje inclusivo en toda la administración pública, además de cerrar instituciones clave en la atención de casos de violencia y discriminación, tales como el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI).
A su vez, la permeabilidad de los discursos de odio perjudica el desarrollo de sociedades libres de discriminación y prejuicios hacia colectivos históricamente vulnerabilizados, tales como la comunidad LGBTIQ+, mediante la proliferación de acciones comunicativas alejadas de los estándares promovidos por las legislaciones internacionales de derechos humanos. Entre ellos, se encuentran relatos que buscan desestimar la existencia de la homofobia, a pesar de los múltiples informes estadísticos a nivel nacional, regional e internacional que dan cuenta de su problemática presencia. A modo de ejemplo, el Informe 2021 de la Red Latinoamericana y del Caribe de Personas Trans (RedLacTrans), alerta que el 54% de la población trans fue víctima de discriminación, intimidación o amenaza y acoso; mientras que el 46% fue víctima de las modalidades más crueles de violencia: asesinato, secuestro, golpiza o agresión física, abuso sexual y detenciones ilegales.
Uno de los casos más recientes a nivel nacional, que demuestra la urgencia de promover transformaciones en los modos de comunicar y llevar adelante políticas de promoción y protección de derechos respecto a la población LGBTIQ+, es el triple lesbicidio ocurrido en Barracas (CABA), el pasado 5 de mayo del corriente año. En la habitación de un hotel familiar, vivían hacinadas cuatro lesbianas que fueron prendidas fuego con una bomba casera mientras dormían, por parte de un hombre que las consideraba repugnantes por el solo hecho de su orientación sexual. Tres de ellas, Pamela, Roxana y Andrea, fallecieron. Este episodio no es un hecho aislado, sino que es un crimen de odio perpetrado en una coyuntura de ausencia estatal en materia de protección integral hacia la comunidad LGBTIQ+.
En esta línea, la comunidad de Lesbianes Autoconvocades se encuentra trabajando en una colecta y asistiendo a la única sobreviviente, Sofía Castro Riglos, además de realizar actividades de visibilización y de pedido de esclarecimiento y justicia por los hechos. Se puede acceder a más información en @_niunamenos_ (instagram Ni Una Menos), @segunjesi (instagram Jesi Hernández, activista LGBT+).
Desde la Universidad Nacional de las Artes, y en particular desde la Secretaría de Igualdad, Derechos y Diversidad, nos solidarizamos y acompañamos el reclamo de justicia por Pamela, Roxana, Andrea y Sofía, víctimas de un ataque lesboodiante en el barrio de Barracas, y reafirmamos nuestro compromiso en la elaboración de políticas de promoción de derechos y tendientes a transformar el lazo social de nuestra comunidad desde la diversidad, el respeto y la inclusión.
Si sufrís acoso, discriminación o violencia con motivo de tu identidad sexogenérica dentro de la Universidad, o tenés conocimiento de una situación de estas características, podés comunicarte a la casilla del equipo de atención del Protocolo de la UNA (Ord. UNA Nº 0027/19): atencion.genero@una.edu.ar.
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Datos de contacto
Secretaría de Igualdad, Derechos y Diversidad UNA
rectorado.igualdad@una.edu.ar
